La economía colombiana está atravesando uno de sus momentos más críticos en décadas, con un estancamiento creciente. Un informe reciente del DANE reveló que la inflación de mayo fue de 0,43 % en comparación con el mes anterior, lo que resulta en una inflación anual del 7,16 %, sin cambios respecto al mes pasado. Este estancamiento en la reducción de la inflación impide una reducción significativa de las tasas de interés, las cuales son esenciales para la reactivación económica y el acceso al crédito.

El Banco Mundial ha revisado a la baja las expectativas de crecimiento económico para Colombia en 2024, reduciéndolas en 0,5 %, situándolas en un 1,8 %. Esto posiciona a Colombia entre los países de menor crecimiento en la región, solo por encima de Ecuador, Haití y Argentina. La actividad económica en el trimestre finalizado en mayo apenas creció un 0,1 %, y las proyecciones para el segundo trimestre indican un crecimiento de solo 0,5 %, muy por debajo del 1,2 % esperado por los analistas.

El crecimiento sectorial también muestra señales preocupantes, con la mitad de los doce sectores económicos en declive respecto al trimestre anterior. Las manufacturas cayeron un 5,9 %, las actividades financieras un 3 %, y el sector de información y comunicaciones un 1,6 %. Esta situación compromete la generación de empleos estables y de calidad.

El Banco Mundial atribuye este estancamiento tanto a factores internos como externos, aunque destaca que la economía global ha mostrado signos de estabilización tras la crisis del COVID-19. Sin embargo, Colombia presenta una de las inflaciones más altas de la región, superada solo por Argentina, Venezuela y Cuba, y es uno de los pocos países latinoamericanos con una inflación superior al 5 %.

Entre los factores internos que afectan la economía colombiana, se destacan la inseguridad jurídica y la pérdida de confianza inversionista, lo que ha llevado a una caída del 18,5 % en la inversión en el último trimestre respecto al año anterior. La política del gobierno de Gustavo Petro, especialmente su hostigamiento al sector minero-energético, ha contribuido significativamente a esta situación. Petro ha promovido la prohibición de la fractura hidráulica y ha negado permisos de exploración y explotación, afectando la capacidad de Ecopetrol para obtener gas natural y alejando la inversión extranjera.

La situación se ha agravado con la reciente decisión del Presidente Petro de suspender la exportación de carbón a Israel, en protesta contra las acciones bélicas de ese país en Gaza. Esta medida, que podría costar a Colombia hasta 200 millones de dólares anuales, afectará negativamente la balanza comercial y las relaciones comerciales con Israel, además de exponer al país a multas y retrasar los avances en tratados de libre comercio.

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